La importancia de la protección de datos en webs corporativas y municipales

En la era de la información, también conocida como era digital, la protección de datos se ha convertido no solamente en una obligación legal para cualquier tipo de empresa y administración sino también en una cuestión de confianza, seguridad y responsabilidad para los usuarios. Proteger la información personal de los usuarios y ciudadanos significa proteger la reputación de la entidad y además generar una relación de confianza bidireccional entre clientes y empresas. Por parte de la administración, la protección de los datos otorga confianza a la ciudadanía.

La entrada en vigor el 25 de mayo de 2018 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), marcó un antes y un después en la gestión de los datos personales de los usuarios y en la manera de proteger su privacidad. El RGPD es una normativa europea que regula el tratamiento de datos personales en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo cuyo principal objetivo es proteger los derechos de privacidad de las personas y establecer obligaciones para las organizaciones que los gestionan.

Además de esta normativa, las administraciones públicas deben cumplir también el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) que establece estándares para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en sistemas públicos.

Asegurar transparencia en el tratamiento de los datos personales aumenta la confianza de los consumidores.

¿Qué información es la que se debe proteger por parte de las empresas y entidades?:

• Toda aquella información personal relacionada con nombres y apellidos, direcciones, correos electrónicos, ubicaciones, datos financieros, datos relacionados con la salud, videovigilancia, etc.

¿Qué puede provocar que esta información no esté protegida?:

• Daños importantes tanto a personas y empresas por el robo de información confidencial y de valor.
• Puede incluso llegar a destruir años de trabajo de una empresa al revelar datos susceptibles.

Cuando las empresas y administraciones no cumplen con las restricciones de la Ley de Protección de Datos, las sanciones impuestas pueden llegar a ser millonarias, llegando a poder superar los 20 millones de euros o incluso el 4% de la facturación anual global.

¿Cómo evitar que no se produzca el robo de información?:

• Es necesario utilizar una conexión segura (SSL): lo que se refiere a un protocolo que cifra la comunicación entre un navegador y un servidor web para proteger la información transmitida.
• Las empresas y administraciones deben seguir políticas de privacidad transparentes en las que se informe de manera clara y directa cuáles son los datos que se recogen, qué utilización se les da y cómo se almacenan. Los datos deben ser almacenados y conservados durante un periodo de tiempo limitado y justo. Es necesario que las administraciones demuestren que cumplen con la normativa vigente.
• Es necesario utilizar contraseñas robustas y seguras para evitar que sean fácilmente deducibles y, por consiguiente, robadas y utilizadas por un tercero.
• Es imprescindible que las webs se mantengan actualizadas para evitar que sufran ciberataques.
• Realizar copias de seguridad a menudo puede convertirse en un conducto de salvación cuando se produce un robo de información para que pueda ser recuperada de la manera más factible y rápida posible. De esta manera, se provoca el menor daño a la organización en cuestión y se garantiza la continuidad del servicio ante posibles incidencias.

Las webs municipales se enfrentan a un desafío muy importante en el tema de la protección de datos puesto que a través de ellas se pueden realizar trámites relacionados con impuestos, pago de multas, pago de tasas (de exámenes, cursos, etc.), padrón, ayudas y subvenciones, manejando en todos los casos datos personales susceptibles como nombre, apellidos, domicilio y bancarios. Deben utilizar sistemas seguros para el acceso y la trasmisión de los datos, además de tener un registro de quién accede a la información.

Es necesario que las administraciones públicas cuenten con un Delegado de Protección de datos que se encargue de supervisar el cumplimiento de la normativa y asesorar en el caso que sea necesario a los ciudadanos. También es importante que las administraciones realicen formaciones con su personal para evitar errores humanos por las implicaciones legales que pueden provocar esta cuestión.

Los usuarios deben tener la posibilidad de conocer qué datos tiene una empresa o administración sobre ellos, corregir aquellos datos que sean erróneos, suprimir aquellos que consideren que deben ser eliminados y transferirlos a otro proveedor. Además, deben tener la posibilidad de negarse a tratamientos que no consideren legítimos o viables.

En un mundo donde la información es poder, la seguridad es responsabilidad.

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