¿Sueñan las Smart Cities con administraciones electrónicas?

Por mucho que una ciudad despliegue sensores, dashboards y gemelos digitales, hay una pregunta incómoda que sigue sin respuesta: ¿puede ser inteligente una ciudad cuya administración sigue funcionando como hace veinte años?

Durante la última década, el concepto de Smart City ha evolucionado desde una promesa tecnológica a un relato casi institucional. Hoy, prácticamente cualquier ciudad de cierto tamaño dispone —o dice disponer— de una estrategia inteligente: movilidad conectada, sostenibilidad, eficiencia energética, datos en tiempo real. Todo encaja. Todo parece coherente. Hasta que el ciudadano intenta hacer un trámite.

El momento de la verdad

Ahí es donde la narrativa se rompe. Porque mientras una ciudad puede monitorizar el tráfico en tiempo real o ajustar el riego de parques con algoritmos predictivos, todavía es habitual encontrarse con situaciones como:

• tener que adjuntar documentos que la propia Administración ya posee;

• descargar formularios, firmarlos y volver a subirlos;

• completar trámites “online” que terminan en una visita presencial.

La vieja fotocopia del DNI —que ya no debería existir— ha mutado en algo más sofisticado pero igual de ineficiente: el PDF que va y viene. Y eso, en 2026, ya no es una anécdota. Es un síntoma.

Smart por fuera, analógico por dentro

España cuenta con una de las infraestructuras de administración digital más avanzadas de Europa. La Comisión Europea sitúa al país en la tercera posición del Índice DESI 2025, con 69,8 puntos, casi diez por encima de la media de la UE[1]. Servicios como Cl@ve, @firma o la Plataforma de Intermediación de Datos permiten que las administraciones intercambien información sin necesidad de que el ciudadano actúe como intermediario.

Sin embargo, la realidad operativa es desigual.

Existen ayuntamientos que:

• han desplegado plataformas completas de ciudad inteligente;

• gestionan datos urbanos con herramientas avanzadas;

• presentan cuadros de mando sofisticados;

…pero siguen sin integrar de forma efectiva los servicios básicos de interoperabilidad.

La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), integrada en la FEMP desde 2023, agrupa ya a 147 entidades locales —frente a las 81 de hace siete años—[2]. Pero la pertenencia a la red sigue acreditándose con un plan estratégico y un acuerdo plenario, no con indicadores reales de servicio al ciudadano. Ciudades capaces de anticipar patrones de movilidad, pero incapaces de evitar que un ciudadano aporte un certificado que ya obra en poder de la Administración.

La administración digital española, en cifras

Fuentes: Comisión Europea (DESI / eGovernment Benchmark 2025), INE, OBSAE, RECI, Plan de Recuperación.

La brecha que no se ve

El problema no es tecnológico. No lo es desde hace años. La verdadera brecha es organizativa. Tiene que ver con estructuras administrativas rígidas, falta de liderazgo transversal, fragmentación de competencias y, en muchos casos, una resistencia silenciosa al cambio. Porque digitalizar no es informatizar. Es rediseñar procesos. Y eso implica tomar decisiones. Lo confirma, paradójicamente, lo que ocurre cuando los sistemas se caen. El ataque de ransomware sufrido por el Ayuntamiento de Calvià en enero de 2024 —uno de los destinos turísticos inteligentes de referencia en España— obligó a su ciudadanía a volver al papel y al teléfono durante semanas[3]. El antecedente del Ayuntamiento de Sevilla en 2023 ya había mostrado el mismo patrón: cuanto más superficial es la digitalización, más rápido se evapora cuando algo deja de funcionar.

El ciudadano ya ha cambiado

Mientras tanto, el ciudadano sí ha evolucionado. Opera digitalmente en casi todos los ámbitos de su vida —banca, seguros, comercio, ocio, etc.— y lo hace con expectativas claras: inmediatez, simplicidad, trazabilidad.

Los datos lo confirman. Según el INE, el 79,7 % de la población de 16 a 74 años se relacionó con alguna Administración a través de Internet en 2024[4]. Mi Carpeta Ciudadana acumula ya 48 millones de accesos y solo los servicios del INSS multiplicaron por casi seis sus consultas el último año[5].

Por eso, cuando interactúa con la Administración, la fricción se hace evidente. No porque no existan herramientas, sino porque no están bien integradas en la experiencia.

La consecuencia es una disonancia creciente: la Administración digital existe, pero no siempre se percibe como tal.

Y existe, además, una brecha que nadie debería ignorar: la brecha digital sénior afecta al 67 % de las personas mayores de 60 años, casi el doble que la media de la población[6]. Una administración inteligente no obliga a elegir entre digital o presencial: ofrece las dos cosas bien hechas.

¿Qué hace realmente inteligente a una ciudad?

Quizá ha llegado el momento de replantear la pregunta.

No se trata de qué tecnologías despliega una ciudad, sino de qué experiencia ofrece. En 2026, una ciudad debería considerarse verdaderamente inteligente solo si cumple, al menos, tres condiciones:

1. Primera, que el ciudadano no tenga que aportar información que la Administración ya puede obtener por sí misma.

2. Segunda, que los trámites sean íntegramente digitales, sin rupturas de canal ni pasos innecesarios.

3. Tercera, que los procesos internos estén diseñados para ser eficientes, trazables y automatizables —incluida la entrada en escena de la IA, ya regulada por el Reglamento europeo AI Act desde 2024[7].

Sensores, plataformas, aplicaciones… suman, pero no sustituyen a esto.

España en el Índice DESI 2025

Fuente: Comisión Europea, Digital Decade · DESI 2025. Puntuación de 0 a 100.

La paradoja institucional

La pertenencia a redes o iniciativas de ciudades inteligentes sigue siendo, en muchos casos, una cuestión formal: planes estratégicos, declaraciones institucionales, compromisos de futuro. Pero la verdadera inteligencia urbana no debería medirse en documentos, sino en resultados.

Y esos resultados son tangibles en cuanto a tiempo de tramitación, número de interacciones necesarias, eliminación de cargas administrativas o experiencia real del ciudadano. Ahí es donde se juega la partida. Y ahí también es donde algunas resistencias empiezan, por fin, a ceder. En 2024, el Defensor del Pueblo recomendó suprimir la cita previa obligatoria en los registros y oficinas de asistencia, recordando que la atención presencial sin cita es un derecho. La mayoría de las administraciones consultadas aceptaron la recomendación; la Diputación de Sevilla, entre las primeras[8]. Es un buen termómetro: cuando la presión externa aprieta, los procesos se mueven.

Not so smart

No ha mucho tiempo un procedimiento de adhesión a una red de ciudades inteligentes incluía un paso revelador: enviar por correo postal una copia firmada del acuerdo. Hoy, ese tipo de exigencias no son solo anecdóticas. Son simbólicas. Representan un modelo que convive con el discurso de la transformación, pero que aún no ha terminado de cambiar.

Las Smart Cities han avanzado, sin duda. Han incorporado tecnología, han mejorado servicios urbanos, han abierto nuevos espacios de innovación. El PERTE de Administración Digital y el conjunto del Plan de Recuperación han llevado más de 830 proyectos de transformación a entidades locales en los últimos años[9]. Pero en muchos casos han empezado por lo visible. Y la verdadera transformación está en lo invisible, en los procesos, en la interoperabilidad y en la experiencia del ciudadano. Hasta que eso no se aborde de forma decidida, seguirá existiendo una brecha entre lo que las ciudades dicen ser y lo que realmente son. Y entonces, la pregunta seguirá vigente: ¿sueñan las Smart Cities con administraciones electrónicas… o solo con parecerlo?